La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha implementado un drástico cambio en la política migratoria al firmar un decreto que impone una tarifa de 100.000 dólares para las nuevas solicitudes de visa H-1B. Esta medida, que afecta directamente a profesionales y empresas en Colombia, busca priorizar la contratación de trabajadores locales y restringir la mano de obra extranjera especializada. El decreto, que entró en vigor el 21 de septiembre de 2025, se enmarca en la política de Trump de reformar los programas de visas laborales, argumentando que son utilizados por empresas para reemplazar a empleados locales con personal extranjero más económico. Según la Casa Blanca, el objetivo es "proteger el empleo y los salarios de los ciudadanos estadounidenses" y asegurar que el programa H-1B atraiga únicamente a los trabajadores "mejores y más brillantes". La nueva tarifa de US$100.000 deberá ser cubierta por el empleador y no afectará a quienes ya poseen una visa H-1B vigente ni a las renovaciones.
La medida ha generado una fuerte reacción en la industria tecnológica, donde empresas como Google, Amazon y Microsoft, así como startups, dependen del talento extranjero para su crecimiento. Gremios tecnológicos de la India, el mayor beneficiario histórico del programa, han expresado su preocupación por el impacto en la competitividad global. El decreto también contempla excepciones por "interés nacional" y ordena al Departamento de Trabajo revisar las escalas salariales para elevar los estándares y evitar que el programa sea usado para disminuir sueldos, lo que representa uno de los cambios más significativos en la historia de este visado.
En resumenEl nuevo decreto de la administración Trump que exige una tarifa de US$100.000 para nuevas visas de trabajo H-1B busca proteger el empleo estadounidense. La medida, de aplicación inmediata, impacta a trabajadores calificados y empresas, especialmente en el sector tecnológico, que dependen del talento extranjero. Aunque los actuales titulares de visas no se ven afectados, el alto costo podría disuadir la contratación de profesionales extranjeros, generando una gran preocupación en países como Colombia e India.