El gobierno colombiano rechazó enérgicamente la medida, calificándola de "unilateral y carente de corresponsabilidad". El presidente Petro defendió su política de sustitución voluntaria sobre la erradicación forzosa, argumentando que ha logrado reducir el crecimiento de los cultivos sin recurrir al glifosato. En una alocución, Petro afirmó que la guerra contra las drogas le sirve al narcotráfico y que la paz es lo que reduce los cultivos. La Cancillería colombiana respaldó esta postura con cifras, destacando que el país es responsable del 65 % de las incautaciones de cocaína a nivel global y ha extraditado a más de 400 personas a EE.

UU. desde 2022.

Este episodio, que recuerda la crisis diplomática de la era Samper, es visto por analistas como un fracaso de la estrategia tradicional de la "guerra contra las drogas" y un punto de inflexión que podría redefinir la relación bilateral, afectando la reputación del país y la confianza de los inversionistas.