Estas resoluciones consolidarían un mercado con tarifas no reguladas, beneficiando a un grupo empresarial cercano al poder.

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Una investigación de La Silla Vacía revela que la Superintendencia de Transporte, bajo el gobierno de Gustavo Petro, estaría a punto de expedir resoluciones que garantizarían por otros 15 años el control del millonario negocio del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov) a la malla empresarial de Euclides Torres. Torres es conocido por financiar eventos de la precampaña presidencial y mantener vínculos con altos funcionarios del gobierno. El Sicov es un sistema de vigilancia que todas las empresas de servicios de tránsito, como los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), deben instalar para evitar fraudes, y cuyo costo es asumido por los ciudadanos en cada trámite. Este negocio, que puede mover alrededor de 290 mil millones de pesos anuales, ha estado dominado durante años por un puñado de operadores, con las empresas de Torres a la cabeza. En 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio acusó a Torres y sus socios de cartelizar este mercado. Ahora, los borradores de tres nuevas resoluciones de la SuperTransporte, liderada por Alfredo Piñeres, no solo impedirían la entrada de nuevos competidores, sino que establecerían que solo los proveedores actuales, acusados de cartelización, podrán continuar con el negocio hasta 2040. La investigación también señala un presunto conflicto de interés, ya que el superintendente Piñeres es accionista de Capatest Colombia SAS, una empresa vinculada a la red de Torres y que participa en concesiones de tránsito. A pesar de esto, Piñeres ha negado tener conflictos de interés.
Estas resoluciones consolidarían un mercado con tarifas no reguladas, beneficiando a un grupo empresarial cercano al poder.
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