Tensión entre Colombia y EE. UU. se agudiza tras descertificación en la lucha antidrogas

La reciente descertificación de Colombia por parte del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra las drogas ha elevado la tensión diplomática a un nivel sin precedentes. La medida, vista como una herramienta de presión política, pone a prueba la relación bilateral y abre un debate sobre la soberanía y la efectividad de las estrategias antinarcóticos. La decisión de la administración Trump es interpretada por diversos analistas y por el propio gobierno colombiano no como un fracaso en los resultados, sino como una sanción política contra el enfoque del presidente Gustavo Petro, que ha priorizado la interdicción y la sustitución de cultivos sobre la erradicación forzada. Columnistas como Alejandro Toro y Luis Emil Sanabria argumentan que la descertificación es una oportunidad para que Colombia se “emancipe” de una política antidrogas fallida impuesta por Washington durante décadas. Sostienen que el modelo represivo ha fracasado, como lo demuestra el aumento de cultivos bajo la administración anterior, y que el nuevo enfoque busca atacar las estructuras económicas del narcotráfico y ofrecer alternativas reales al campesinado. En contraste, otras voces, como la de Jaime Arango, afirman que el problema del narcotráfico es un asunto de oferta, no de demanda, y que la responsabilidad de Colombia es eliminar los cultivos de coca. El gobierno Petro defiende sus resultados, citando cifras récord de incautación de cocaína (889 toneladas en 2024) y una desaceleración en el crecimiento de los cultivos ilícitos. Esta crisis diplomática obliga a Colombia a buscar nuevos socios estratégicos y a liderar un debate internacional sobre la necesidad de regular los mercados de drogas para combatir eficazmente la violencia y el daño ambiental asociados al narcotráfico.

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En resumen

La descertificación de EE. UU. ha provocado una profunda fractura diplomática, obligando al gobierno colombiano a defender su nueva estrategia antidrogas. Este momento representa un punto de inflexión que podría redefinir la histórica alianza bilateral y empujar a Colombia hacia un enfoque más soberano y pragmático en la lucha contra el narcotráfico.

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