Unidades antiexplosivos del Ejército y la Policía Nacional se desplazaron a la zona para neutralizar la amenaza. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, rechazó enérgicamente el acto, atribuyéndolo al Frente 36 de las disidencias. “Hacemos hoy una denuncia pública, un enérgico rechazo de lo que el Frente 36 de las FARC ha hecho en Anorí, Antioquia.

Esto está contra el Derecho Internacional Humanitario y contra todas las reglas que también la guerra tiene”, manifestó Cáceres. Además, reveló que la violencia en el municipio ha obligado a flexibilizar la atención de más de 200 menores por el temor de las familias a llevarlos a los centros educativos. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó la acción y la calificó como una provocación en medio de los diálogos de paz. “Aun así, el Gobierno de @petrogustavo sigue sentado negociando con Calarcá y sus aliados”, escribió en sus redes sociales, cuestionando la efectividad de las negociaciones con este grupo armado. Este tipo de acciones, según las autoridades, buscan generar terror en la población civil y demuestran el desprecio de los grupos ilegales por la vida de los menores.