Los 12 militares, entre oficiales, suboficiales y soldados, fueron condenados por crímenes de guerra y lesa humanidad como desaparición forzada, asesinato y tortura. La pena de ocho años es la misma impuesta a los excomandantes de las FARC por secuestro, lo que demuestra, según la JEP, un trato equitativo para los máximos responsables de ambos bandos del conflicto. Los condenados no irán a prisión, pero tendrán restricciones efectivas de libertad, debiendo residir en Valledupar y participar en seis proyectos restaurativos (TOAR) enfocados en la memoria y reparación de las comunidades víctimas, principalmente los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.