El Gobierno de Gustavo Petro ejecutó una serie de movimientos estratégicos para asegurar la permanencia de Juan Carlos Florián al frente del Ministerio de la Igualdad, luego de que su nombramiento fuera suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La controversia surgió por una presunta violación de la Ley de Cuotas, ya que con su designación el gabinete quedaba con 10 hombres y 9 mujeres, por debajo del 50% de participación femenina requerido. Inicialmente, el Gobierno defendió el nombramiento argumentando que Florián se identifica como una persona de género fluido, aunque en su hoja de vida oficial figuraba como masculino. Sin embargo, ante la suspensión judicial, Florián presentó su renuncia el 15 de septiembre, la cual fue aceptada por el presidente Petro dos días después.
Inmediatamente, se nombró como ministra encargada a Angie Rodríguez, directora del DAPRE, restableciendo temporalmente la paridad de género. La jugada clave se concretó con la publicación de la hoja de vida de Yeimi Carina Murcia como nueva ministra de las TIC, en reemplazo del saliente Julián Molina. Con el nombramiento de Murcia, el gabinete volvía a tener 10 mujeres, cumpliendo así con la Ley de Cuotas. Apenas se confirmó este cambio, la Presidencia volvió a publicar la hoja de vida de Florián para aspirar nuevamente al cargo de ministro de la Igualdad. El ministro del Interior, Armando Benedetti, había anticipado la maniobra al afirmar: “Una vez se posesione la ministra TIC, Florián renuncia y se puede volver a posesionar”.
Esta serie de acciones ha sido calificada por congresistas de oposición, como Cathy Juvinao, como un “fraude a resolución judicial” y una burla a la ley, anunciando acciones disciplinarias y penales.
En resumenMediante una calculada serie de renuncias y nombramientos, el Gobierno logró sortear la suspensión judicial del ministro Juan Carlos Florián, ajustando la composición del gabinete para cumplir con la Ley de Cuotas. La maniobra, que culminó con la repostulación de Florián, ha sido duramente criticada por la oposición, que la considera una estrategia para eludir una decisión judicial y las normativas de paridad de género.