Durante este primer ciclo, se definieron medidas en dos frentes.

A nivel territorial, se acordó iniciar una etapa de confianza en cinco municipios piloto: Mutatá (Antioquia), y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). En estas zonas se implementará un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y se priorizará la protección de niños y jóvenes. A nivel nacional, el Clan del Golfo se comprometió a respetar las elecciones del próximo año, no interferir en las labores de desminado y cumplir con los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Ambas partes solicitaron al gobierno de Catar, a la MAPP-OEA y a la Conferencia Episcopal de Colombia que realicen el seguimiento y verificación de los acuerdos. El Clan del Golfo, que según la inteligencia militar cuenta con aproximadamente 7.500 miembros y tiene presencia en cerca de 300 municipios, ha insistido en obtener un reconocimiento político similar al de las guerrillas en procesos de paz anteriores. La organización ha experimentado un crecimiento del 165% en el número de sus miembros entre 2018 y 2025, obteniendo ingresos del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control del paso de migrantes por el Darién. Las delegaciones acordaron realizar una segunda ronda de diálogos en Doha, en una fecha aún por definir, consolidando a Catar como un nuevo actor diplomático en los esfuerzos de paz de Colombia.