Marín presentó dos observaciones principales que generan preocupación.

La primera se centra en los beneficios penales que se ofrecerían a personas que ya incumplieron procesos de paz anteriores, como Justicia y Paz o la misma JEP. La defensora calificó este punto como un “incentivo que consideramos inadecuado”, argumentando que quienes fueron expulsados por incumplimiento “no deberían acceder a nuevos beneficios penales”.

La segunda crítica se enfoca en la falta de garantías para las víctimas.

Marín afirmó que los programas de reparación existentes son insuficientes y que existe “una deuda muy grande que no ha sido resuelta ni abordada de manera seria”. Por ello, considera que es crucial resolver esta deuda “antes de seguir dando beneficios generosos a los criminales”.

El proyecto iniciará su debate en la Comisión Primera de la Cámara, donde ya se han realizado audiencias públicas para escuchar a diversas voces. Sin embargo, el concepto de la Defensoría añade un peso significativo a las críticas, sumándose a la oposición de partidos como el Centro Democrático y generando dudas sobre la viabilidad de la iniciativa tal como está planteada.