Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Según la CCI, departamentos como Caquetá, Huila, Magdalena, Nariño y Norte de Santander reportan una ejecución que oscila entre el 0 % y el 5 %.

El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, destacó que la situación para 2025 es aún más preocupante, con un avance del 0 % en los recursos asignados.

A los problemas de implementación se suman serias dudas administrativas y legales. La Procuraduría General de la Nación ha emitido alertas sobre 776 de los más de mil convenios firmados hasta la fecha. Caicedo señaló que estas alertas involucran “posibles irregularidades en la destinación de $154.000 millones”. Esta situación pone en riesgo la transparencia del programa y la correcta utilización de los fondos públicos, afectando directamente la conectividad de las zonas rurales y limitando el impacto social y económico que se esperaba de la iniciativa.