Esta cifra representa un tercio de todos los ataques letales documentados a nivel global, según el más reciente informe de la ONG Global Witness. Aunque el número de homicidios disminuyó en comparación con los 79 registrados en 2023, la organización advierte que esta reducción “no equivale a una disminución general de la violencia”. El informe detalla que de las víctimas de 2024, al menos 20 eran campesinos y 19 pertenecían a comunidades indígenas, destacando el caso de 13 miembros del pueblo Nasa en el departamento del Cauca.

Uno de los factores más alarmantes es la impunidad. Global Witness subraya que en Colombia, solo el 5,2 % de los casos de asesinatos de ambientalistas registrados desde 2002 “se han resuelto en los tribunales”, una tendencia que se replica a nivel mundial debido a la debilidad de los sistemas judiciales. La organización identifica la producción de cultivos ilícitos y el narcotráfico como “una causa principal de la violencia”. Además, resalta la existencia de una “cultura del silencio”, donde el miedo impide que las comunidades denuncien los daños ambientales causados por industrias extractivas y grupos armados. La falta de protección efectiva por parte del Estado es otro punto crítico. El informe revela que al menos cinco de los 48 líderes asesinados el año pasado habían solicitado o recibido medidas de protección, lo que demuestra la insuficiencia de los esquemas actuales. La lideresa social Jani Silva afirmó en el reporte que “queda mucho por hacer para garantizar que las medidas de protección atiendan efectivamente las necesidades de las personas defensoras”.