La reacción del mandatario colombiano fue contundente.

Petro acusó a Estados Unidos de querer un “presidente títere” y de ejercer presión política. En respuesta, ordenó la suspensión de la compra de armas a dicho país. El ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, reforzó esta postura al afirmar que Colombia no necesita “ultimátum” y que no modificará su política antidrogas, la cual, según él, se basa en un enfoque social y no “guerrerista”.

El Gobierno defendió sus resultados, destacando cifras récord de incautación de cocaína.

La decisión de Washington generó un amplio rechazo político interno.

Once partidos, incluyendo el Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático, emitieron un comunicado distanciándose de las declaraciones del presidente, calificándolas como un “agravio a una nación que ha respaldado a Colombia”. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calificó la medida como “una noticia muy dura que mancha el nombre de nuestro país”. La descertificación, aunque incluye un ‘waiver’ que mantiene la ayuda económica por razones de seguridad nacional, exige a Colombia medidas más agresivas, como la reanudación de la erradicación forzosa, algo que el gobierno Petro rechaza. En un giro que parece responder a la presión, Petro autorizó la extradición de John Jairo García Murillo, alias ‘Bendecido’, cabecilla del Clan del Golfo.