A pesar de la condena, los excomandantes mantienen sus derechos políticos. La JEP documentó que la guerrilla secuestró a más de 21.000 personas, de las cuales 4.325 fueron acreditadas como víctimas en este macrocaso. El magistrado ponente, Camilo Suárez, defendió la decisión afirmando que “hay justicia cuando se visibiliza a las víctimas”. Por su parte, el exjefe negociador Humberto de la Calle calificó la aceptación de la sanción por parte de las FARC como “un hecho inédito en el mundo”. Sin embargo, la sentencia ha sido duramente criticada por víctimas emblemáticas.

Ingrid Betancourt declaró que “los únicos restaurados son los criminales”, mientras que el sargento (r) César Augusto Lasso, secuestrado durante 14 años, la calificó como un “mensaje de impunidad”. El general (r) Luis Mendieta fue contundente al afirmar: “Si no hay reparación, no hay justicia”, argumentando que los exjefes guerrilleros no han aportado la verdad completa ni han reparado materialmente a los afectados. Esta división de opiniones refleja la complejidad del sapo que, según analistas, la sociedad debe tragar en nombre de la transición, especialmente cuando la paz total aún no se materializa.