El ente investigador imputa a los procesados los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los exfuncionarios habrían intentado favorecer a particulares cambiando la figura de cesión gratuita de un bien a una compraventa, con la intención de pagarles más de 40.500 millones de pesos. Al no lograrlo a través de una conciliación, el exalcalde Quintero y su exsecretario general, Fabio Andrés García Trujillo, presuntamente “expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”. El lote, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, estaba destinado a la construcción de un ecoparque. Tras conocer la decisión, Daniel Quintero reaccionó en sus redes sociales, enmarcando el proceso en una persecución política.

Afirmó que “ahora será nuestro turno de demostrar con pruebas cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino a la Presidencia”.

A pesar del llamado a juicio, Quintero puede continuar con su precandidatura en las primarias del Pacto Histórico.