Los excomandantes sancionados son Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra.

Fueron declarados máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo toma de rehenes, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, cometidos de manera sistemática entre 1993 y 2012. La sentencia establece que durante los ocho años de la sanción, los comparecientes deberán participar en proyectos restaurativos como la búsqueda de personas desaparecidas, acciones de desminado humanitario, recuperación ambiental y actos de reparación simbólica para las víctimas. Durante este periodo, estarán sujetos a un régimen de condicionalidad con restricción efectiva de la libertad, monitoreado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU.

Una de las claves del fallo es que los exjefes guerrilleros mantendrán sus derechos políticos, lo que permite que Julián Gallo y Pablo Catatumbo conserven sus curules en el Senado. El magistrado Camilo Suárez explicó: “No existe incompatibilidad entre la ejecución de la sanción y el ejercicio de los derechos políticos de los comparecientes”. Esta decisión marca un hito en la justicia transicional colombiana, aunque genera debate sobre la proporcionalidad de las penas frente a la gravedad de los crímenes.