El Gobierno de Estados Unidos ha descertificado a Colombia en su cooperación en la lucha contra el narcotráfico, una decisión que, si bien no impone sanciones económicas inmediatas gracias a una exención por “interés nacional”, ha generado una profunda crisis política y un choque diplomático entre las administraciones de Gustavo Petro y Donald Trump. La medida, comunicada oficialmente el 15 de septiembre, se fundamenta en el drástico aumento de los cultivos de coca y la producción de cocaína en el país. Un memorando de la Casa Blanca responsabiliza directamente al liderazgo del presidente colombiano, afirmando que “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”. La reacción del presidente Petro fue contundente; calificó la decisión de “política” y anunció el fin de la “dependencia del armamento de los Estados Unidos”, declarando: “No más limosnas ni regalos”. El mandatario defendió su gestión argumentando cifras récord de incautaciones y atribuyó el crecimiento de los cultivos a su antecesor.
La controversia ha escalado con pronunciamientos de diversos sectores.
El embajador de EE.
UU. en Bogotá, John McNamara, aseguró que la cooperación se mantendrá, pero calificó las políticas del gobierno actual como “fallidas”.
Figuras como el expresidente Andrés Pastrana y precandidatos presidenciales de la oposición culparon a la política de “paz total” de Petro por el fortalecimiento de los grupos criminales. Por su parte, gremios como AmCham, Anato y la ANDI expresaron su preocupación por el impacto reputacional y los posibles efectos negativos sobre el comercio, el turismo y la inversión extranjera, instando al Gobierno a trazar una hoja de ruta con metas claras para recuperar la confianza.
En resumenEstados Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas, responsabilizando a la administración Petro por el aumento récord de cultivos de coca. Aunque una exención por interés nacional evita sanciones inmediatas, la decisión ha provocado una crisis diplomática, con el Gobierno colombiano defendiendo sus resultados en incautaciones y anunciando el fin de la dependencia militar, mientras la oposición y los gremios económicos advierten sobre graves consecuencias para la reputación y la economía del país.
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