Expertos del sector han reaccionado con alarma.

El exministro de Salud, Augusto Galán, calificó la discusión sobre la liquidación como una “cortina de humo” para desviar la atención de las responsabilidades estatales. Galán advirtió que un traslado masivo de 11 millones de afiliados sería “inviable” y generaría una “crisis sistémica”. Por su parte, Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, consideró que la medida sería “nefasta”, especialmente para los prestadores de salud, ya que el Estado históricamente no ha asumido las deudas de liquidaciones anteriores. En medio del debate, la Superintendencia de Salud y la Contraloría mantienen un choque conceptual. El superintendente Giovanny Rubiano aclaró que los recursos señalados como “anticipos” por la Contraloría son en realidad pagos por servicios ya prestados que aún no se han legalizado contablemente, y ordenó a la EPS implementar un plan para regularizar estas cuentas.