El problema es de ellos, no de nosotros”, declaró Petro, añadiendo que “no más limosnas ni regalos”.

Ordenó al Ministerio de Defensa comprar o fabricar armamento con recursos propios.

La decisión de Washington generó una ola de preocupación en diversos sectores políticos y económicos.

Gremios como AmCham, Fenalco y la Andi advirtieron sobre las graves consecuencias económicas, como el aumento del riesgo país, el encarecimiento del crédito y un impacto negativo en la inversión y el turismo. Políticos de oposición y precandidatos presidenciales calificaron la medida como el “fracaso de la lucha contra el narcotráfico” del gobierno Petro, mientras que el oficialismo la tildó de un “acto unilateral e ilegítimo”.