Esta medida, impulsada por cifras récord de cultivos ilícitos y tensiones diplomáticas, podría tener profundas consecuencias económicas, políticas y de seguridad para el país. La inminente decisión de Washington, que se espera antes del 15 de septiembre, ha generado una fuerte preocupación en diversos sectores del país. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, alertó sobre el impacto negativo que la medida tendría en la economía y la seguridad, afirmando que “sería muy dañino para nuestra economía, para nuestra generación de empleo, y vamos a perder el apoyo que se le da a la fuerza pública”. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que una descertificación sería un error estratégico, pues “las mafias serían las únicas que ganarían”. El embajador en Washington, Daniel García-Peña, adoptó un tono más conciliador al expresar que, “pase lo que pase, la relación debe continuar”. El analista internacional Adam Isaxson, de WOLA, matizó el impacto, sugiriendo que Estados Unidos “probablemente van a descertificar a Colombia, pero no van a imponer las penas”, lo que convertiría la acción en un gesto más político y simbólico debido a los desacuerdos con el presidente Petro. La decisión se enmarca en un contexto donde los cultivos de coca alcanzaron 253.000 hectáreas en 2023 y el presidente Petro ha mostrado un viraje en su discurso, mencionando por primera vez el glifosato como una herramienta de amenaza, una medida históricamente apoyada por Washington. Una descertificación podría implicar la suspensión de asistencia clave y el bloqueo de apoyos de organismos multilaterales, afectando la confianza inversionista y las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.