Según Garzón, las acusaciones se basan en una fotografía manipulada y sacada de contexto, tomada en 2023 durante un intento de extorsión en su finca en Guaviare. El oficial relató que un grupo armado se presentó en su propiedad exigiéndole dinero, y que su esquema de seguridad registró el momento para fines de inteligencia, reportando el incidente a sus superiores y al entonces comisionado de paz, Danilo Rueda.

“Manipularon la información para hacer pasar una situación en la cual soy víctima, a pasar a ser criminal”, declaró el general. El Ministerio de Defensa confirmó la decisión, enmarcada en la causal de “llamamiento a calificar servicios”, y reiteró que no dudará en aplicar medidas frente a actuaciones contrarias a la ley y los principios institucionales. Por su parte, el Comando General de las Fuerzas Militares acató la orden presidencial, subrayando que la definición de responsabilidades penales corresponde a las autoridades competentes. Este episodio pone de manifiesto una nueva tensión entre el Gobierno y la cúpula de las Fuerzas Armadas.