La infraestructura eléctrica cubana es obsoleta, con centrales térmicas que han operado por décadas con un déficit crónico de inversión y mantenimiento.

A esto se suma la escasez de combustible importado, necesario para los grupos electrógenos, debido a la falta de divisas del país. Mientras el gobierno cubano atribuye la situación al impacto de las sanciones estadounidenses, a las que acusa de provocar una "asfixia energética", expertos independientes señalan una infrafinanciación crónica del sector.

El restablecimiento del servicio es un proceso lento que en ocasiones anteriores ha tomado días. Estos apagones no solo tienen un fuerte impacto en la economía nacional, que acumula una caída del 11% en los últimos cinco años, sino que también atizan el descontento social, habiendo sido un detonante en las principales protestas registradas en la isla en años recientes, como las de julio de 2021 y marzo de 2024.