El asesinato de José Dorien Jiménez, secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, mientras veía un partido de la Selección Colombia en un parque público, ha conmocionado al país y ha puesto de relieve la grave situación de seguridad en el municipio. Las autoridades han ofrecido una recompensa millonaria para capturar a los responsables de este ataque directo contra la institucionalidad. El ataque ocurrió en la noche del martes 9 de septiembre, cuando un sicario descendió de una motocicleta y le disparó a quemarropa a Jiménez en un establecimiento comercial frente al parque principal, donde decenas de personas se congregaban para ver el partido de fútbol. En el atentado también resultó herida una mujer.
Jiménez, un reconocido líder político local, exconcejal y excandidato a la Alcaldía, fue trasladado a un centro médico en Palmira, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. La principal hipótesis de las autoridades, según la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es que el crimen fue una retaliación por el trabajo que el funcionario lideraba en contra de las estructuras de microtráfico. Toro afirmó que Jiménez "ha venido acompañando la policía y acompañando todas las fuerzas para hacer allanamientos, para poder lograr desmantelar todo este tipo de microtráfico", y aunque no había manifestado recibir amenazas, su labor lo exponía a riesgos.
Como respuesta, se convocó un consejo extraordinario de seguridad donde se anunciaron medidas como un plan desarme, patrullajes mixtos con el Ejército y un aumento en los allanamientos.
Además, la gobernadora anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. "Fue un ataque contra la institucionalidad", sentenció Toro, subrayando la gravedad del hecho para la gobernabilidad de la región.
En resumenEl asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez, es atribuido por las autoridades a su lucha contra el microtráfico. El crimen, perpetrado en un espacio público, ha desencadenado una fuerte respuesta institucional, incluyendo una recompensa de $100 millones y el refuerzo de la seguridad, en un claro mensaje de que el Estado considera el hecho un ataque directo en su contra.