Jiménez, un reconocido líder político local, exconcejal y excandidato a la Alcaldía, fue trasladado a un centro médico en Palmira, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. La principal hipótesis de las autoridades, según la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, es que el crimen fue una retaliación por el trabajo que el funcionario lideraba en contra de las estructuras de microtráfico. Toro afirmó que Jiménez "ha venido acompañando la policía y acompañando todas las fuerzas para hacer allanamientos, para poder lograr desmantelar todo este tipo de microtráfico", y aunque no había manifestado recibir amenazas, su labor lo exponía a riesgos.

Como respuesta, se convocó un consejo extraordinario de seguridad donde se anunciaron medidas como un plan desarme, patrullajes mixtos con el Ejército y un aumento en los allanamientos.

Además, la gobernadora anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. "Fue un ataque contra la institucionalidad", sentenció Toro, subrayando la gravedad del hecho para la gobernabilidad de la región.