Desde el uribismo y el entorno del gobernador se ha construido una narrativa de “persecución política”. Rendón y sus aliados, como el representante Hernán Cadavid, argumentan que la celeridad del caso bajo la nueva fiscal Diana Yolima Niño y un lapsus de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien afirmó erróneamente que ya había una imputación, demuestran un interés por sacarlo del cargo. La revelación de interceptaciones telefónicas a Rendón y a su secretaria General, Marta Correa, ha sido calificada como una “herramienta de intimidación contra la oposición”. Por otro lado, desde el petrismo se impulsa una narrativa de “escándalo de corrupción”. Medios afines al gobierno como Rtvc y la revista Raya han presentado el caso como una muestra de malos manejos de la derecha, defendiendo la legalidad de las interceptaciones y afirmando que estas revelarían que Rendón ordenó direccionar los contratos. Figuras como la senadora Isabel Zuleta y el senador León Fredy Muñoz han utilizado el caso para criticar la gestión del gobernador, enmarcando el asunto como un ejemplo de “seguridad maquillada de corrupción”.