El presidente Petro ha sido enfático en que los alcaldes no están autorizados para representar al país y que suplantar sus funciones constitucionales constituye un delito. “Alcalde que suplante las funciones constitucionales del presidente, comete un delito, le guste a Fenalco o no”, sentenció el mandatario en respuesta al respaldo del gremio antioqueño a la iniciativa.

Por su parte, los alcaldes defienden su gestión. Federico Gutiérrez afirmó: “Los alcaldes no somos empleados del presidente Petro, somos elegidos por los ciudadanos.

Nuestro deber es gestionar lo mejor para nuestras ciudades”.

Aclaró que no pretenden intervenir en la certificación, pero sí alertar sobre el impacto negativo que tendría en la economía y la seguridad local, citando que solo Medellín exportó más de 2.735 millones de dólares a EE.

UU. en 2024.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien inicialmente consideró unirse, canceló su participación por compromisos de agenda, aunque defendió la facultad de los mandatarios locales para adelantar gestiones internacionales sin requerir permiso presidencial. Este episodio evidencia una creciente tensión entre el poder central y los gobiernos locales, que reclaman autonomía para proteger los intereses de sus regiones frente a lo que consideran políticas nacionales equivocadas.