Según expertos, esto encarecería el transporte, los alimentos y los servicios, afectando desproporcionadamente a los hogares de ingresos medios y bajos.

La defensa del presidente Petro, argumentando que “el pobre no usa casi la gasolina”, ha causado indignación y ha sido refutada por diversos sectores.

La reforma también contempla alzas en el impuesto de renta para ingresos superiores a 8,7 millones de pesos, un IVA del 19 % para vehículos híbridos y mayores gravámenes a bebidas alcohólicas, cigarrillos y espectáculos. Exministros de Hacienda de diferentes corrientes políticas han coincidido en que, si bien es necesario un ajuste fiscal, el articulado propuesto no será aprobado, pues asfixia a la clase media y espanta la inversión. La reforma es vista como una copia de las propuestas neoliberales de la OCDE, priorizando impuestos regresivos de fácil recaudo en lugar de una tributación progresiva y equitativa, lo que ha llevado a comparaciones con la fallida reforma de Duque-Carrasquilla que desató el estallido social.