El general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército, detalló que el subteniente sufrió quemaduras en el 75 % de su cuerpo, mientras que el soldado resultó con lesiones en el 30 %.

Ambos fueron evacuados a un centro médico en Florencia, Caquetá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, repudió el acto, afirmando que los responsables “son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”, y anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura. El incidente tuvo repercusiones inmediatas en el proceso de paz. La delegación del Gobierno en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB), de la cual hacen parte los Comandos de Frontera, exigió al grupo un rechazo categórico del atentado, advirtiendo que, de no hacerlo, se retirarían de las reuniones preparatorias. Por su parte, la CN-EB negó en un comunicado su responsabilidad en el ataque y solicitó un mecanismo de verificación para esclarecer los hechos, reiterando su compromiso con los diálogos. La Defensoría del Pueblo también se pronunció, pidiendo suspender las conversaciones hasta que el grupo armado muestre un compromiso de no repetición.