Según el fallo, el entonces canciller tomó esta decisión argumentando que solo se había presentado un único oferente (la firma Thomas Greg & Sons), a pesar de que este cumplía con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. Para la Procuraduría, esta actuación “careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva”. Con esta conducta, Leyva desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. La decisión de declarar desierta la licitación se produjo, según se conoció en su momento, por órdenes directas del presidente Gustavo Petro, lo que derivó en una demanda de Thomas Greg & Sons contra el Estado por 107 mil millones de pesos, la cual fue suspendida posteriormente. La Procuraduría desestimó los tres argumentos presentados por la defensa de Leyva, concluyendo que el exministro actuó de manera deliberada y contraria a la normativa vigente, lo que justifica la máxima sanción disciplinaria. La decisión fue firmada por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y deja en firme la salida de Leyva de cualquier cargo público o de elección popular durante la próxima década.