El proyecto se considera fundamental para cubrir un PGN que asciende a 557 billones de pesos, pero enfrenta un panorama político adverso. El ministro Germán Ávila ha indicado que la reforma se enfocará en revisar beneficios tributarios del IVA que actualmente favorecen a personas de altos ingresos, asegurando que la canasta familiar no será afectada. Además, se contempla un aumento en la carga impositiva sobre la renta, el patrimonio, el carbono y el consumo de productos como licores, tabaco, juegos de suerte y azar en línea, e incluso se propone gravar a las iglesias.

Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con escepticismo y críticas.

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que no le ve "viabilidad política" y condicionó cualquier aprobación a un recorte previo del gasto gubernamental. "Si no, yo le pido al Congreso que no apruebe absolutamente nada", sentenció Ocampo, haciéndose eco del llamado del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) sobre la necesidad de un ajuste de 45,4 billones de pesos. La oposición en el Congreso ya ha manifestado su rechazo, con senadores como Jairo Castellanos advirtiendo que le darán "cristiana sepultura" a la iniciativa, lo que anticipa un difícil trámite legislativo.