Este ingreso permite a las empresas generadoras financiar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para cubrir la demanda, especialmente durante periodos críticos como sequías. El Gobierno Nacional está evaluando modificar o eliminar este cargo con el objetivo de reducir las tarifas de energía para los consumidores. Sin embargo, según el informe de Fitch Ratings, esta medida debilitaría una fuente clave de ingresos para las generadoras, desincentivando nuevas inversiones en un momento en que el crecimiento de la demanda eléctrica supera la oferta disponible. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, enfatizó que “Hay decisiones que pueden afectar directamente la prestación del servicio de energía en Colombia”. La calificadora proyecta que entre 2026 y 2028, el consumo podría superar las Obligaciones de Energía Firme en un 4% a 5%, lo que incrementaría la vulnerabilidad del sistema. La discusión, por tanto, plantea un dilema entre la asequibilidad de la energía a corto plazo y la seguridad del suministro a futuro.