Petro ordena militarizar la frontera en el Catatumbo y pide a Venezuela hacer lo mismo

El presidente Gustavo Petro ordenó la militarización de la frontera colombo-venezolana en la región del Catatumbo y solicitó al gobierno de Nicolás Maduro hacer un despliegue similar en su lado del territorio. La medida busca combatir a los carteles del narcotráfico que operan en este corredor estratégico y se anuncia en un contexto de alta tensión geopolítica en el Caribe. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano anunció el despliegue de 25.000 soldados en la zona. “He ordenado al Ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona”, afirmó Petro, subrayando que el éxito de la operación depende de la cooperación binacional. “No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos Estados lo que lo logra”, añadió. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez criticó la decisión, argumentando que llega tarde y que “actuar conjuntamente hoy con el ejército de Venezuela que ha venido apoyando el narcotráfico (...) va en contravía de lo que es la esencia de nuestras fuerzas militares”. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Cubides, aclaró que “no existen operaciones conjuntas” con Venezuela, sino una “suma de capacidades” de las fuerzas colombianas en territorio nacional. La decisión de Petro se produce en medio del despliegue de buques de guerra y miles de soldados de Estados Unidos en el sur del Caribe, una operación que Washington justifica como una acción contra el narcotráfico pero que Caracas y Bogotá interpretan como una amenaza. Petro ha rechazado públicamente una posible “invasión” y ha defendido que el problema político de Venezuela debe resolverse internamente.

En resumen

En un movimiento estratégico en medio de tensiones regionales, el presidente Petro ordenó el despliegue de 25.000 soldados en la frontera del Catatumbo para combatir el narcotráfico, instando a Venezuela a reforzar su lado. La medida ha generado debate, mientras las Fuerzas Militares aclaran que no se trata de operaciones conjuntas con el país vecino.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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