La captura de Ally Correa se logró gracias a la coordinación entre la Policía Nacional de Colombia y la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Según la investigación, el odontólogo realizó al menos 15 viajes a Colombia, donde alquilaba apartamentos en zonas exclusivas de Medellín para concretar encuentros sexuales con menores.

El modus operandi consistía en contactar a las víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles dádivas a cambio de las citas.

La evidencia encontrada en sus dispositivos móviles fue contundente.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, detalló: “Cuando se le retuvieron sus celulares se identificaron que tenía más de 100 videos donde él mismo grababa las cosas depravadas que hacía con esas menores de edad”. Además de 58 videos y más de 100 fotografías, las autoridades encontraron conversaciones explícitas con proxenetas locales en las que expresaba su preferencia por “vírgenes”. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso en su cuenta de X, calificando al capturado como “un explotador sexual de menores en Medellín”. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, confirmó la captura y precisó que se dio “por el delito de posesión de material sexual con menor de edad, hallado en su celular”. La operación conjunta representa un golpe significativo a las redes de turismo sexual que afectan a la capital antioqueña.