Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población ocupada en el país creció en 766.000 personas en comparación con julio de 2024, mientras que la población desocupada se redujo en 230.000 personas, situándose en 2,3 millones. Los sectores que más impulsaron la creación de empleo fueron alojamiento y servicios de comida, con 186.000 nuevos ocupados, y transporte y almacenamiento, con 172.000. En contraste, el sector de información y comunicaciones registró una caída de 80.000 puestos de trabajo. La directora del DANE, Piedad Urdinola, destacó que las cifras de lo corrido del año se asemejan al mercado laboral de 2018, previo a la pandemia. A pesar de la mejora general, la brecha de género sigue siendo un desafío: la tasa de desempleo para las mujeres fue del 11,1 %, mientras que para los hombres fue del 7,1 %, una diferencia de 4 puntos porcentuales. A nivel regional, Quibdó presentó la tasa de desocupación más alta del país con un 24,3 %, seguida de Riohacha (14,4 %) e Ibagué (12,8 %). Otro dato relevante es la disminución de la informalidad, que a nivel nacional bajó 1,2 puntos porcentuales, ubicándose en 54,8 %.
Desempleo en Colombia registra su nivel más bajo para un mes de julio desde 2001
La tasa de desocupación en Colombia se ubicó en 8,8 % en julio de 2025, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior y la cifra más baja para este periodo en más de dos décadas. Este indicador positivo refleja una recuperación del mercado laboral, aunque persisten brechas significativas a nivel de género y regional.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






