Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicaron una ponencia que propone sancionar a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. La investigación concluye que se superaron los topes de gastos y se recibió financiación de fuentes prohibidas tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. La ponencia de más de 600 páginas, resultado de una investigación de más de dos años, detalla que la campaña habría excedido los límites de gasto en más de 3.500 millones de pesos en total. Según el presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, la superación de topes fue de "más de 4.000 millones en la primera vuelta y más de 5.830 millones en la segunda", aunque otros reportes indican cifras diferentes. La investigación también encontró "financiación prohibida por más de 2.108 millones de pesos", incluyendo aportes de personas jurídicas como el sindicato Fecode, que donó 500 millones, y un préstamo del Polo Democrático.
Entre los gastos no reportados o subreportados se encuentran pagos a testigos electorales, vuelos chárter y un evento en el Movistar Arena.
La ponencia propone sanciones económicas solidarias para el gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto, por cerca de 5.900 millones de pesos. Además, se sugieren multas de aproximadamente 1.200 millones de pesos para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. La sala plena del CNE debatirá y votará la propuesta el próximo 11 de septiembre, requiriendo una mayoría de seis de los nueve magistrados. De ser aprobada, se compulsarían copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que investigue al presidente Petro y a la Fiscalía General para que haga lo propio con Ricardo Roa y los demás directivos.
En resumenUna ponencia en el CNE concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los topes de financiación y recibió aportes ilegales. Se proponen millonarias sanciones contra los directivos de la campaña y los partidos del Pacto Histórico, y el caso podría escalar a investigaciones contra el presidente en la Comisión de Acusaciones y contra el gerente Ricardo Roa en la Fiscalía.