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La investigación por la desaparición de Valeria Afanador en Cajicá da un giro crucial, con las autoridades consolidando la hipótesis de una desaparición forzada, mientras el abogado de la familia revela que la rectora del colegio habría ocultado información sobre un "enemigo" de la institución. Tras trece días de búsqueda infructuosa de la menor de 10 años, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirmó que existe un “alto porcentaje de probabilidad de que estemos hablando de una desaparición forzada”. Esta línea investigativa se fortalece al no encontrarse rastro de la niña en un radio de doce kilómetros, incluyendo el monitoreo exhaustivo del río Frío. El abogado de la familia, Julián Quintana, ha sido enfático en señalar la responsabilidad del colegio Campestre Los Laureles Bilingüe por presuntas fallas en los protocolos de cuidado. Más alarmante aún, Quintana reveló que la rectora de la institución habría ocultado información crucial a las autoridades. Según el abogado, en una reunión privada, la directiva mencionó la existencia de “un enemigo del colegio que habría querido hacerle daño a la institución con este hecho”, e incluso habría señalado a un extrabajador. “Nos preguntamos por qué este tipo de información no se la contó antes a la Fiscalía.
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Eso nos parece muy extraño y queremos que se investigue con profundidad”, sostuvo Quintana.
La defensa también ha expresado preocupación por una posible alteración de la escena, ya que los huecos en la reja por donde habría salido la menor fueron rellenados, y ha solicitado una revisión pericial de los videos de seguridad, que carecen de audio. Mientras tanto, la recompensa de 70 millones de pesos por información sobre el paradero de Valeria se mantiene vigente.
En resumen
La cartera de Defensa explicó que la decisión sobre el ex oficial responde a sus mecanismos internos de control, verificación y transparencia.
El Tiempo
En Colombia hasta la batalla contra la inseguridad que pedimos a gritos, se volvió parte de la polarización entre quienes siguen a Petro y el resto del país.
Eje 21
Por “jugar” con el tributo de alumbrado público sin el respaldo legal correspondiente, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Palestina, Huila, Wilson Jesús Castillo, y siete exconcejales (dos se hicieron reelegir en este periodo). Se salvaron de las ‘garras’ del organismo de control disciplinario los únicos cabildantes que, en aquel momento, […]
La Nación
Autor cjgarcia La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar entregó detalles de los posibles casos de corrupción que se presentaron durante la administración de Daniel Quintero. Sobre las capturas de Misael Cadavid Jaramillo, Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, la directora indicó que estas se encuentran entre los hallazgos que fueron entregados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en 2024 y estarían relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021, tiempo en el que Juan David Palacio Cardona fue el director de la entidad. Además, insistió que, en los más de 650 irregularidades, entregadas a las respectivas entidades por el mandatario, alrededor de 15 corresponden al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales estarán superando los más 200 mil millones de pesos. Lea también: Más de 600 denuncias por violencia intrafamiliar han registrado las autoridades de Urabá en lo corrido de 2025 La directora manifestó que Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llevaba 12 años en la entidad y en caso de recibir medida de detención, sería apartada de su cargo. Así mismo, señaló que entre las alertas de posibles casos de corrupción dentro del Área Metropolitana se encuentra la situación del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en la contratación, con convenios que superan los $17.000 millones de pesos. También puede leer: Con 15 votos a favor fue elegida la nueva contralora de Medellín La directora Paula Palacio explicó que entre otros hallazgos también tienen la reestructuración institucional que se adelantó en la vigencia anterior, donde observaron que los actos administrativos carecieron de estudio técnico, viabilidad financiera y habrían sido expedidos sin competencia y con indebida motivación, permitiendo crear 128 nuevos cargos, de los cuales 25 se nombraron sin concurso interno, varios de ellos en vísperas de la Ley de Garantías. Al concluir la rueda de prensa, la funcionaria argumentó que entre los contratos que también se en los casos de presunta corrupción se encuentra un convenio que firmó por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia del Distrito de Medellín, dependencia que estuvo bajo el liderato del entonces secretario Juan Carlos Upegui.
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