El país enfrenta una grave escalada de violencia tras dos atentados terroristas atribuidos a disidencias de las FARC, que dejaron un saldo combinado de al menos 18 muertos y decenas de heridos en Cali y Amalfi. El Gobierno respondió calificando a los grupos responsables como organizaciones terroristas y activando un plan de seguridad reforzado. La jornada del 21 de agosto de 2025 se convirtió en una de las más violentas de los últimos años, evidenciando una capacidad ofensiva y tecnológica preocupante por parte de los grupos armados ilegales. En una zona rural entre Amalfi y Anorí, Antioquia, un helicóptero Black Hawk de la Policía Antinarcóticos fue derribado con un dron cargado de explosivos mientras realizaba labores de erradicación de cultivos de coca, resultando en la muerte de 13 uniformados. Horas después, en Cali, un camión bomba cargado con cilindros y granadas de mortero detonó frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, asesinando a seis civiles e hiriendo a más de 60 personas. La autoría de ambos ataques fue atribuida por el presidente Gustavo Petro al Estado Mayor Central (EMC), facción disidente de las FARC, señalando a sus frentes Jaime Martínez y 36. Como respuesta, el mandatario declaró que tanto el EMC como la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo serían considerados parte de una “Junta del Narcotráfico” y catalogados como organizaciones terroristas.
Las autoridades lograron capturar a dos sospechosos en Cali, Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, y posteriormente a Diomar Mancilla Flórez, alias “El Mocho”, presunto cabecilla de las milicias urbanas responsables.
Estos hechos han puesto bajo severo escrutinio la política de “paz total” del Gobierno, con voces como la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificándola de fallida.
En resumenDos ataques coordinados en Antioquia y Cali, atribuidos a disidencias de las FARC, dejaron al menos 18 muertos y decenas de heridos, lo que llevó al Gobierno a declarar a los grupos responsables como organizaciones terroristas e intensificar las medidas de seguridad. Los eventos marcan una severa escalada de violencia y ponen la política de “paz total” bajo intenso escrutinio.