Instalan valla en frontera colombo-venezolana con recompensa de EE. UU. por Nicolás Maduro

Una valla de grandes dimensiones fue instalada en la autopista internacional que conecta a Colombia y Venezuela, anunciando la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. El hecho, atribuido a un grupo de jóvenes, eleva la tensión en una zona de frontera ya de por sí compleja. La valla, de 2.8 metros de alto por 10 de ancho, fue ubicada en la madrugada del sábado 23 de agosto y también publicita una recompensa de 25 millones de dólares por Diosdado Cabello. Esta acción se produce después de que Estados Unidos duplicara el pasado 8 de agosto la recompensa por Maduro. Según se conoció, los jóvenes responsables de la instalación habrían sido amenazados por un grupo armado que se identificó como el Tren de Aragua. Los promotores de la iniciativa declararon que su objetivo es “motivar a la población de la zona de frontera de informar de manera oportuna a las autoridades de Estados Unidos” para avanzar en la captura de los responsables de la crisis en Venezuela. Explicaron que realizaron la instalación desde territorio colombiano debido a que en Venezuela una acción similar sería castigada bajo la “ley de odio”, considerándose traición a la patria. Este suceso se enmarca en un contexto de creciente tensión, luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusara a EE. UU. de buscar un “cambio de régimen” de manera “terrorista” ante el anuncio de Washington de desplegar buques en el mar Caribe para combatir el narcotráfico.

En resumen

La instalación de una valla con la recompensa por Nicolás Maduro en la frontera es un acto provocador que materializa la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano. Este hecho no solo introduce un nuevo elemento de tensión en la volátil dinámica fronteriza, sino que también refleja las profundas divisiones políticas y el riesgo de una escalada en la región.

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Entregan a las autoridades supuestas evidencias de presuntos hechos de corrupción de exfuncionarios de Daniel Quintero en Medellín

Autor cjgarcia La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio Salazar entregó detalles de los posibles casos de corrupción que se presentaron durante la administración de Daniel Quintero. Sobre las capturas de Misael Cadavid Jaramillo, Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, la directora indicó que estas se encuentran entre los hallazgos que fueron entregados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en 2024 y estarían relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021, tiempo en el que Juan David Palacio Cardona fue el director de la entidad. Además, insistió que, en los más de 650 irregularidades, entregadas a las respectivas entidades por el mandatario, alrededor de 15 corresponden al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales estarán superando los más 200 mil millones de pesos. Lea también: Más de 600 denuncias por violencia intrafamiliar han registrado las autoridades de Urabá en lo corrido de 2025 La directora manifestó que Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llevaba 12 años en la entidad y en caso de recibir medida de detención, sería apartada de su cargo. Así mismo, señaló que entre las alertas de posibles casos de corrupción dentro del Área Metropolitana se encuentra la situación del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en la contratación, con convenios que superan los $17.000 millones de pesos. También puede leer: Con 15 votos a favor fue elegida la nueva contralora de Medellín La directora Paula Palacio explicó que entre otros hallazgos también tienen la reestructuración institucional que se adelantó en la vigencia anterior, donde observaron que los actos administrativos carecieron de estudio técnico, viabilidad financiera y habrían sido expedidos sin competencia y con indebida motivación, permitiendo crear 128 nuevos cargos, de los cuales 25 se nombraron sin concurso interno, varios de ellos en vísperas de la Ley de Garantías. Al concluir la rueda de prensa, la funcionaria argumentó que entre los contratos que también se en los casos de presunta corrupción se encuentra un convenio que firmó por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia del Distrito de Medellín, dependencia que estuvo bajo el liderato del entonces secretario Juan Carlos Upegui.

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