Una vez finalizado dicho contrato, la infraestructura sería donada al Estado colombiano.

Bajo este nuevo esquema, la personalización del documento —que incluye la incorporación de datos, fotografía y chip electrónico— quedaría bajo responsabilidad directa del Gobierno colombiano, permitiéndole un mayor control sobre la información sensible de los ciudadanos. La Procuraduría ha expresado dudas sobre la capacidad técnica y tecnológica de la Imprenta Nacional para asumir progresivamente la producción, pero el Ejecutivo asegura que la transición está garantizada, ya que Portugal se encargará de la fabricación mientras la entidad nacional se capacita y adquiere el equipo necesario.