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Gobierno extiende por urgencia manifiesta contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons

El Gobierno Nacional ha decidido declarar la urgencia manifiesta para extender temporalmente el contrato de producción de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons, buscando garantizar la continuidad en la expedición del documento mientras se estructura un nuevo modelo de contratación a largo plazo. Ante el inminente vencimiento del contrato actual el 1 de septiembre, la Cancillería avanzó en la legalización de esta figura para evitar una interrupción en el servicio. La extensión permitirá que Thomas Greg & Sons continúe con la producción de pasaportes hasta abril de 2026, otorgando al Ejecutivo un margen de tiempo para implementar su nuevo esquema. Este futuro modelo contempla una alianza estratégica con la Casa de la Moneda de Portugal, que se encargaría de fabricar los cuadernillos físicos del pasaporte por un periodo inicial de 10 años, en una planta que se instalará en Colombia a partir del 1 de septiembre de 2025.

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Una vez finalizado dicho contrato, la infraestructura sería donada al Estado colombiano.

Bajo este nuevo esquema, la personalización del documento —que incluye la incorporación de datos, fotografía y chip electrónico— quedaría bajo responsabilidad directa del Gobierno colombiano, permitiéndole un mayor control sobre la información sensible de los ciudadanos. La Procuraduría ha expresado dudas sobre la capacidad técnica y tecnológica de la Imprenta Nacional para asumir progresivamente la producción, pero el Ejecutivo asegura que la transición está garantizada, ya que Portugal se encargará de la fabricación mientras la entidad nacional se capacita y adquiere el equipo necesario.

ai briefingEn resumen
Frente a una inminente parálisis en la expedición de pasaportes, el Gobierno optó por una prórroga de emergencia con el actual contratista, Thomas Greg & Sons. Esta medida transitoria busca dar tiempo para consolidar un nuevo modelo de producción en alianza con Portugal, que pretende fortalecer la soberanía sobre los datos de los ciudadanos, aunque persisten dudas sobre su implementación.

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