Una coordinada ofensiva terrorista en Cali, Amalfi (Antioquia) y Florencia (Caquetá) ha dejado un saldo trágico de al menos 19 muertos y más de 80 heridos, sumiendo al país en una profunda crisis de seguridad y provocando una enérgica respuesta del Gobierno Nacional. La jornada del 21 de agosto se convirtió en una de las más violentas del año. En Cali, un camión bomba detonó en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, causando la muerte de al menos seis civiles, entre ellos una mujer embarazada, y dejando 78 heridos. Simultáneamente, en una zona rural de Amalfi, Antioquia, un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado con un dron mientras apoyaba labores de erradicación de cultivos ilícitos, resultando en el asesinato de 12 uniformados y dos caninos antiexplosivos. A estos hechos se sumó la detonación de un artefacto explosivo en el centro de Florencia, que causó daños materiales.
El presidente Gustavo Petro atribuyó los ataques a disidencias del Estado Mayor Central (EMC) como una “reacción terrorista” a las derrotas sufridas por estas estructuras en operaciones militares en el Cañón del Micay, Cauca.
Tras presidir un consejo de seguridad extraordinario en Cali, Petro descartó declarar la conmoción interior, pero anunció que se profundizarán “medidas vía decreto” para combatir el narcotráfrico y ordenó la militarización de Cali. El mandatario también difundió la fotografía de alias 'Sebastián', presunto responsable del atentado en Cali capturado por la comunidad. La ola de violencia ha generado un rechazo generalizado y un intenso debate político, con sectores de la oposición, exfuncionarios y gremios empresariales calificando la política de ‘Paz Total’ como un “rotundo fracaso” y exigiendo acciones contundentes para restablecer el orden público.
En resumenLos ataques simultáneos en tres departamentos evidencian una escalada en la capacidad y audacia de los grupos armados, poniendo en jaque la estrategia de seguridad del Gobierno. La respuesta oficial se centra en reforzar la presencia militar y ajustar las medidas contra el narcotráfico, mientras crece la presión política para reevaluar la política de 'Paz Total'.