En su denuncia, la legisladora señaló varias irregularidades, como “contratos multimillonarios con suspensiones, con prórrogas, plantas desalinizadoras sin funcionar y lo más grave de todo, gastos administrativos bastante altos”.

Específicamente, cuestionó que se destinen alrededor de 8 mil millones de pesos a gastos de funcionamiento y administración mientras las comunidades carecen del servicio.

Para abordar la situación, la senadora solicitó a la Contraloría abrir una “indagación preliminar por posible detrimento patrimonial” y realizar “una auditoría forense especial a la empresa”. Además, pidió que se decreten “medidas cautelares para que se evite la fuga o la pérdida de recursos” y que se compulsen copias a la Procuraduría y la Fiscalía. Peralta concluyó afirmando que en La Guajira hay recursos y hay agua, pero lo que falta es “voluntad y transparencia en el manejo”. La denuncia pone nuevamente el foco sobre la crisis humanitaria en el departamento, donde el acceso al agua potable sigue siendo uno de los mayores desafíos.