Una ola de ataques terroristas coordinados en Cali y Amalfi sacudió al país, dejando un saldo trágico de al menos 18 personas muertas y más de 80 heridos, lo que provocó una respuesta contundente del Gobierno Nacional que incluyó el acuartelamiento de primer grado de las Fuerzas Militares y la instalación de un Puesto de Mando Unificado permanente en la capital del Valle. La jornada de violencia comenzó en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Nacional que apoyaba labores de erradicación de cultivos ilícitos fue derribado con un dron cargado de explosivos. El ataque, atribuido por las autoridades a las disidencias de las FARC, específicamente al frente 36 comandado por alias 'Calarcá', causó la muerte de doce uniformados y dejó a otros siete heridos. Horas más tarde, la ciudad de Cali fue escenario del peor acto terrorista en una capital desde 2019, cuando un camión bomba detonó en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. La explosión dejó seis civiles muertos y al menos 76 heridos, entre ellos ocho menores de edad, además de causar graves daños a viviendas y comercios. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyeron este atentado al Estado Mayor Central (EMC), la disidencia al mando de alias 'Iván Mordisco', calificándolo como una “reacción desesperada por la pérdida del control del narcotráfico”.
En respuesta a la crisis, el Gobierno descartó declarar la conmoción interior, pero anunció que se “profundizarán medidas vía decreto” para acorralar a estas organizaciones. El presidente Petro afirmó que “el golpe a la población de Cali, indudablemente es profundo, es brutal, es de terror”. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró la instalación del PMU permanente y pidió acciones contundentes.
Las Fuerzas Militares ordenaron el acuartelamiento de primer grado en todas las unidades del país, lo que implica un estado de alerta máxima para prevenir nuevos ataques y asegurar una reacción rápida.
En resumenDos atentados terroristas atribuidos a disidencias de las FARC en Cali y Amalfi dejaron un saldo de 18 muertos, en su mayoría policías, y más de 80 heridos. El Gobierno respondió con la militarización de Cali, un PMU permanente y el acuartelamiento nacional de las Fuerzas Militares, además de anunciar futuras medidas por decreto para combatir a estos grupos, a los que el presidente Petro pidió considerar como organizaciones terroristas.
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