La negativa del régimen de Daniel Ortega a la solicitud de extradición del gobierno de Gustavo Petro ha sido calificada como un acto “inamistoso y agresivo” por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien advirtió que “habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas”. La decisión nicaragüense se fundamenta en la Convención Americana de Derechos Humanos y el derecho al asilo por persecución política, un argumento que el gobierno colombiano rechaza enfáticamente. En un comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Colombia solicitaron a Nicaragua “reconsiderar” la medida, argumentando que González es requerido por “delitos de carácter común” y no por crímenes políticos. La Fiscalía le imputa cohecho, peculado y lavado de activos. El presidente Petro, por su parte, reaccionó sugiriendo que la decisión de Ortega se debe a una animadversión personal, afirmando que el mandatario nicaragüense “no quiere a Petro” y que el asilo es una retribución a la participación de González en la lucha contra la dictadura de Somoza. Este episodio se complica aún más por el hecho de que González obtuvo su residencia en Nicaragua en mayo de 2025, cuando ya estaba imputado, con la aparente ayuda de funcionarios de la Embajada de Colombia en Managua. El caso expone las fracturas en las relaciones bilaterales, marcadas por disputas territoriales y diferencias ideológicas, y deja a la justicia colombiana sin herramientas inmediatas para procesar a una figura clave en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes.