Esta decisión pone fin a un proyecto vial clave y resuelve un litigio internacional, pero genera incertidumbre sobre el futuro mantenimiento de la vía. El acuerdo, de carácter consensuado, permite a la Nación evitar una posible condena en un litigio ante un Tribunal de Comercio Internacional, ahorrando cerca del 63 % de las pretensiones económicas originales del concesionario, que superaban los 1,2 billones de pesos. El pago de las sumas acordadas se realizará exclusivamente con los recursos existentes en el patrimonio autónomo del proyecto, sin afectar el Presupuesto General de la Nación. El concesionario argumentó que la inviabilidad del contrato se debió a constantes protestas sociales que afectaron el recaudo de peajes e impidieron la instalación de nuevas casetas, lo que activó un “Evento Eximente de Responsabilidad”. A partir del 2 de enero de 2026, se inició una etapa de reversión de 200 días, durante la cual el concesionario continuará con la operación y mantenimiento antes de entregar definitivamente la infraestructura al Instituto Nacional de Vías (Invías). La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte expresó su “profunda preocupación”, advirtiendo que la decisión genera una fuerte incertidumbre financiera, envía señales desalentadoras a los inversionistas y plantea dudas sobre la capacidad del sector público para gestionar un corredor concebido para la inversión privada.