continuara operando mientras avanza su proceso de liquidación judicial. Esta decisión marca un punto de quiebre para el futuro de la reconocida marca gastronómica, que enfrenta deudas por más de 14.000 millones de pesos. La entidad argumentó que la información financiera disponible no permitía determinar la viabilidad de la solicitud ni garantizaba que la continuación de las actividades fuera la medida más adecuada para proteger los derechos de los acreedores. En palabras del Superintendente Billy Escobar, la decisión busca fortalecer la transparencia del proceso concursal y orientar las acciones al interés general y al derecho de los acreedores. Con esta negativa, el proceso entra de lleno en la siguiente fase, donde la liquidadora deberá presentar el proyecto de graduación y calificación de créditos y el inventario de activos. Estos documentos son la base para proceder con la venta de los bienes de la sociedad y la posterior distribución de los recursos obtenidos entre los acreedores, según la prelación legal. La Superintendencia también ordenó mantener las medidas cautelares decretadas desde el inicio del proceso de liquidación y dispuso la verificación de un posible estado de control o grupo empresarial para revisar si existen empresas vinculadas que puedan incidir en el patrimonio y las responsabilidades del proceso. Sin autorización para operar, el futuro de la marca dependerá de lo que resulte de la liquidación de sus activos.