La decisión responde a una fragilidad estructural en el mercado colombiano, caracterizado por un operador dominante con gran capacidad de inversión y dos competidores medianos (Tigo y Movistar) sometidos a crecientes presiones financieras. En un sector que exige inversiones de capital intensivas y permanentes para mantener y desplegar redes 4G y 5G, la capacidad de ambos operadores para competir de manera sostenible estaba en riesgo. La integración, que implica la unión de redes, espectro y operación, les permite alcanzar una escala necesaria para ser un competidor viable. Sin esta alianza, el debilitamiento de uno de ellos era una amenaza concreta para la competencia. La SIC impuso un conjunto riguroso de exigencias para mitigar los riesgos de concentración.

Entre estas se incluyen tarifas mayoristas más favorables para los operadores móviles virtuales (OMV), topes al roaming automático nacional en beneficio de WOM y futuros operadores, y prohibiciones a prácticas comerciales que puedan desplazar a competidores pequeños.

Para los usuarios, la integración representa la promesa de una red unificada más robusta, mejor calidad del servicio y mayor cobertura. Además, las condiciones impuestas a favor de los OMV podrían traducirse en ofertas con mejores precios para los consumidores finales.