Esta autorización no constituye una fusión empresarial, sino una integración de redes, espectro y operación que permite a ambos operadores alcanzar una escala mayor para hacer frente a un mercado que, según los análisis, presentaba un desequilibrio evidente.

La decisión se presenta como una respuesta pragmática a la fragilidad estructural del sector, donde dos competidores medianos enfrentaban crecientes presiones financieras. La alternativa, según se argumenta, era un debilitamiento que podría haber dejado a uno de los actores fuera del mercado, reduciendo la competencia efectiva. La SIC impuso un conjunto riguroso de condiciones para proteger a los competidores más pequeños y a los consumidores. Entre estas se incluyen tarifas mayoristas más favorables para los operadores móviles virtuales (OMV), topes al roaming automático nacional en beneficio de WOM y futuros operadores, y prohibiciones a prácticas comerciales que puedan desplazar a otros actores. Para los usuarios, se espera que la red unificada sea más robusta, ofrezca mejor calidad de servicio y una mayor cobertura, especialmente en zonas rurales.