La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración de las operaciones móviles de Tigo y Movistar, una decisión que busca responder a la fragilidad estructural del mercado de telecomunicaciones en Colombia y garantizar su sostenibilidad. La medida, sin embargo, no fue una aprobación absoluta, ya que la SIC impuso un conjunto de condiciones rigurosas para proteger la competencia y evitar la consolidación de un duopolio. El contexto de la decisión es un mercado con un operador dominante y dos competidores medianos (Tigo y Movistar) sometidos a crecientes presiones financieras, lo que amenazaba su capacidad de inversión en redes 4G y el despliegue de 5G.
La integración permite a ambas compañías alcanzar una escala operativa y financiera que las consolida como un competidor viable frente al actor principal.
Según los análisis, sin esta unión, el debilitamiento de uno de los dos operadores era una amenaza concreta para el equilibrio del sector. Para mitigar los riesgos de concentración, la SIC estableció exigencias claras: tarifas mayoristas más favorables para los operadores móviles virtuales (OMV), topes al roaming automático nacional en beneficio de WOM y futuros entrantes, y prohibiciones a prácticas comerciales que puedan desplazar a competidores pequeños. Estas condiciones buscan asegurar que la integración, aunque reduce el número de grandes jugadores, no perjudique a los operadores de menor tamaño ni a los consumidores. Desde una perspectiva de política pública, la decisión es vista como un enfoque pragmático que facilita la labor del Ministerio TIC en sus metas de conectividad, especialmente en regiones apartadas.
En resumenLa SIC aprobó la integración de las redes de Tigo y Movistar como una medida para garantizar la competencia y sostenibilidad en el sector de telecomunicaciones. La autorización está sujeta a condiciones estrictas para proteger a los operadores más pequeños y asegurar que la consolidación no derive en un duopolio perjudicial para el mercado.