La decisión, sujeta a estrictos condicionamientos, reconfigura el mapa competitivo del sector y abre un intenso debate sobre sus efectos en el mercado y los consumidores. La aprobación de la SIC, contenida en la Resolución 94169 de 2025, llega tras más de diez meses de análisis y busca, según la superintendente Cielo Rusinque, crear un competidor más robusto para Claro, el actor dominante que concentra más del 51 % del mercado. Con la unión, Tigo y Movistar sumarían una participación cercana al 40 %, consolidando un escenario donde dos grandes grupos controlarían cerca del 90 % del sector. La operación implica que Millicom, accionista de Tigo, adquiera la participación de Telefónica en Movistar Colombia, un negocio valorado en 400 millones de dólares. La SIC argumentó que la integración permitirá liberar recursos para inversiones en infraestructura, como redes 5G, y mejorar la cobertura y calidad del servicio.

Sin embargo, para mitigar los riesgos de concentración, la entidad impuso una serie de obligaciones sin precedentes. Entre ellas, se ordena a la empresa integrada ofrecer tarifas de Roaming Automático Nacional (RAN) con descuentos de entre el 12,5 % y el 24,3 % para operadores como WOM, y de entre el 11 % y el 46 % para Operadores Móviles Virtuales (OMV) como Virgin o ETB. Además, se prohíbe el desmantelamiento de infraestructura que afecte la cobertura y se exige la separación técnica de los núcleos de red para evitar coordinación anticompetitiva.

La reacción del sector ha sido mixta. Mientras Tigo y Movistar calificaron la decisión como una oportunidad para construir un sector más sostenible, WOM ha sido el opositor más férreo.

La compañía advirtió que la fusión podría crear un “duopolio” y que evaluará su permanencia en Colombia, afirmando que las condiciones impuestas son insuficientes y podrían llevar a un aumento de precios para los usuarios de menores ingresos.