Además, se prohíben campañas comerciales dirigidas a desplazar a competidores más pequeños y se exige total transparencia en el empaquetamiento de servicios.

La empresa resultante no podrá desmantelar infraestructura que afecte la cobertura actual y deberá mantener los planes vigentes de sus usuarios.

La vigilancia de estas medidas se extenderá por cuatro años, con auditorías independientes para garantizar su cumplimiento.