Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha iniciado formalmente el proceso para vender su participación mayoritaria en la empresa de telecomunicaciones Tigo-UNE, una operación estratégica que busca reenfocar sus inversiones y fortalecer su plan de negocio principal. La desinversión, valorada en más de 2,1 billones de pesos, marca un hito en el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Tras recibir la autorización de la Superintendencia Financiera para la inscripción temporal de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), EPM publicó el aviso de oferta para la primera etapa del programa de enajenación. Esta fase inicial, que comenzó el 10 de octubre de 2025, está dirigida exclusivamente a los “destinatarios de condiciones especiales”, que incluyen a trabajadores activos y pensionados de la empresa, sindicatos y fondos de empleados, conforme a la Ley 226 de 1995. La decisión de vender la participación del 50,0001 %, equivalente a 5.015.035 acciones valoradas en $418.741 cada una, fue motivada por el desempeño financiero volátil de Tigo-UNE, que en la última década registró pérdidas en seis años consecutivos por aproximadamente $1,4 billones.
EPM ha calificado su participación como un “activo tóxico” de bajo retorno.
Si no se venden todas las acciones en la primera etapa, se abrirá una segunda fase para el público general y, de persistir un remanente, Millicom, actual socio estratégico, tendrá derecho de preferencia para adquirirlas.
Con los recursos obtenidos, EPM planea financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos, mientras reafirma que la empresa seguirá siendo 100 % pública y enfocada en sus negocios esenciales de energía, agua y saneamiento.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha estimado que el proceso podría concluir hacia el primer semestre de 2026.
En resumenLa venta de la participación de EPM en Tigo-UNE es una desinversión estratégica para deshacerse de un activo con rendimiento financiero negativo y obtener capital para sus proyectos misionales. El proceso se desarrollará en varias etapas, cumpliendo con la normativa de enajenación de activos estatales, y se espera que finalice en 2026, reconfigurando la estructura de propiedad de uno de los principales operadores de telecomunicaciones del país.