El conflicto se originó cuando Frisby España S.L.

comenzó a utilizar el nombre y elementos visuales similares a los de la cadena colombiana, lo que llevó a Frisby S.A. BIC a iniciar un proceso para proteger su marca.

Las negociaciones formales entre ambas partes, exigidas por la ley española como etapa prejudicial, finalizaron sin acuerdo.

Frisby España comunicó la ruptura debido a la "falta de avances y a la ausencia de propuestas viables", afirmando que la empresa colombiana busca un "intento de control global sin voluntad real de desarrollo". Por su parte, Frisby S.A. BIC, a través de la firma de abogados Garrigues, confirmó el fin de la etapa prejudicial y anunció el inicio de "las acciones legales respectivas como parte de la defensa de nuestros derechos sobre la marca Frisby y nuestro personaje icónico 'Pollo Frisby'". El núcleo de la disputa se centra en la validez de los registros de la marca colombiana ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Frisby España ha solicitado la nulidad de la marca alegando falta de uso serio y continuo en territorio europeo durante los últimos cinco años. La EUIPO ha otorgado a Frisby Colombia una prórroga hasta el 17 de septiembre de 2025 para presentar pruebas de uso. Mientras tanto, Frisby España ha activado un plan de expansión que incluye la creación de una nueva entidad operativa y la apertura de 12 puntos de venta. El caso ha tomado un giro más grave con la denuncia de Charles Dupont, portavoz de Frisby España, sobre amenazas de muerte recibidas, lo que ha añadido una dimensión penal al conflicto empresarial.